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IMG-20140410-WA0009La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha firmado un convenio de colaboración con 34 nuevos ayuntamientos de la provincia que tiene como objetivo favorecer la reeducación e inserción de menores infractores a través del desarrollo de medidas en beneficio de la comunidad adoptadas por los juzgados de menores, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno y al que ha asistido también la directora general de Justicia Juvenil, Carmen Belichón. Uno de estos consistorios ha sido Moraleda de Zafayona que con su alcaldesa al frente, Carolina Fraguas, es uno de los Ayuntamientos beneficiaros de esta firma.

Como explicaba la alcaldesa, quien tuvo oportunidad de conversar sobre el asunto con el juez de Menores, Emilio Calatayud, “este convenio permite que jóvenes con algún problema legal pueda reinsertarse en la sociedad y poder tener una segunda oportunidad”.

Sandra García, como responsable de las competencias de Justicia, ha destacado la importancia y la implicación de los ayuntamientos para desarrollar las medidas judiciales impuestas a los menores en beneficio de los municipios donde residen y la ejecución de actividades reparadoras a favor de su población.

Firma Menores 274_0En este sentido, tanto Fraguas como García han precisado que la aplicación de las medidas en su entorno más próximo y “los valores que aportan los vínculos afectivos y de solidaridad están permitiendo que un 80% de los menores infractores no vuelvan a reincidir tras cometer una infracción y cumplir una medida judicial, según el estudio de seguimiento realizado por la Universidad de Almería”. Carmen Belinchón, por su parte, ha redundado en estos buenos resultados de reinserción y ha aludido a la puesta en marcha hace catorce años de la Ley de Reforma Penal Juvenil como punto de partida para mejorar la reinserción de los menores al contemplar medidas judiciales en beneficio de la comunidad y la prevención.

En este sentido, el juez de Menores, Emilio Calatayud, ha señalado que el pasado año los menores de la provincia delinquieron un 30% menos que el año anterior y ha apuntado que la vuelta de éstos a los centros educativos por la crisis es uno de los factores claves.

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