FRANCISCO UREÑA
Los pensionistas están en pie de guerra y se han echado a la calle para defender el sistema público de pensiones y protestar contra las reformas, que están suponiendo un recorte en la cuantía de las pensiones presentes y futuras.
La subida aprobada para este 2018, del 0,25%, ha sido la gota que ha colmado el vaso de un colectivo que considera que “la situación es insostenible”.
El debate sobre si el sistema de pensiones es viable no es nuevo. No en vano, ha sido utilizado recurrentemente entre los partidos políticos en numerosas campañas, hasta que en 1995 se creó “El Pacto de Toledo” que no es más que una comisión parlamentaria cuyo objetivo es la de discutir, analizar y proponer medidas orientadas a asegurar el sistema de pensiones español.
La hucha de las pensiones que empezó a dotarse en el año 2000, nació con el objetivo de pagar las prestaciones contributivas en caso de que los ingresos de la Seguridad Social no fuesen suficientes. Este Fondo o hucha, está prácticamente vacío. Actualmente quedan unos 8.000 millones que es aproximadamente lo que se necesita para pagar una paga extra. Si este año no se da por totalmente liquidado será para evitar un coste político, solicitando como ya se ha hecho en otras ocasiones un crédito al Tesoro.
El sistema de pensiones se enfrenta a otros peligros, un elevado endeudamiento, la caída de la cuantía de los salarios, el recorte del empleo público, la brecha entre cotizaciones y pensiones, el envejecimiento de la población y el cada vez mayor desfase entre la cifra de pensionistas y cotizantes. Las estimaciones demográficas apuntan que en 2040 los pensionistas en España serán 15 millones, 6 más que los 9 que hay actualmente. De hecho, es la generación del Baby Boom la que paulatinamente se está incorporando a la jubilación.
Lo que más indigna y preocupa a nuestros jubilados es la continua pérdida de poder adquisitivo que están soportando. Mientras que la subida que han recibido ha sido la de un insultante 0,25 % el IPC interanual se ha situado cerca del 2%. Esta situación además va a ser una constante, ya que a partir del próximo año, entra en funcionamiento el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones que ahora explicaremos.
El Factor de Sostenibilidad consiste en que la Seguridad Social fijará la primera pensión del nuevo jubilado de acuerdo con la esperanza de vida de su generación, teniendo en cuenta el último lustro. Según el BBVA en el primer año de aplicación, el Factor de Sostenibilidad supondría un descuento en la pensión del 0,47%. Por lo tanto, un pensionista que se jubilara en 2018 y cobrara una pensión de 1.000 euros, pasaría a percibir 995,3 euros si lo hiciera en 2019.
El Índice de Revalorización es lo que determina que suba las pensiones. Para realizar su cálculo se tienen en cuenta la situación financiera de la Seguridad Social. Este índice no puede ser menor del 0,25 %, pero para que sea mayor, hace falta que el aumento de los ingresos de la Seguridad Social sea más elevado que el incremento en el número de los nuevos pensionistas y del importe de la pensión media. Es decir, que los ingresos de la Seguridad Social sean mayores que el aumento de los gastos.
Según un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), con estas reformas un trabajador medio que se jubilase hoy vería el poder adquisitivo de su pensión reducido en un 27%. De esta forma, calculan que una persona que se retire hoy perderá alrededor de 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su vida como jubilado. La pérdida para un trabajador al que le queden 10 años para jubilarse puede alcanzar los 380 euros.
De momento, la única solución para los jubilados de dentro de 30 años, es la de fomentar el ahorro privado mediante un plan de pensiones que permita complementar la posible pensión pública. Este mensaje, no solo no calma el ánimo de los pensionistas, sino que retrae cualquier incentivo de cotización por parte de los autónomos. Pedir ahorro privado está bien, pero para que una familia pueda ahorrar y planificar su jubilación, primero deben tener trabajos estables con unos salarios dignos que les permitan no solo llegar a fin de mes.
Otra iniciativa que se ha puesto encima de la mesa es la posibilidad de que los trabajadores que quieran jubilarse y cumplan los requisitos puedan elegir descontar los peores años de cotización a efectos de calcular su pensión. Esta medida solo beneficiaría a aquellos trabajadores que cotizaron más al principio o a la mitad de su vida laboral pero no al final de la misma, a cambio, se computaría toda la carrera laboral y no sólo los últimos años.
A día de hoy, tras la reforma de 2011, la pensión se calcula este año en función de las bases de cotización de los últimos 21 años. Esta cifra irá subiendo a razón de un año por ejercicio, de forma que en 2022 se tendrán en cuenta los 25 años de cotización. Por otro lado aquellos que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años y seis meses cumplidos. Edad que irá subiendo hasta los 67 años.
Aunque, la edad media del jubilado es de 75 años, el grupo de edad más numeroso es el que comprende a las personas de entre 65 a 69 años. Según el INE del mes de febrero, la pensión por jubilación media en España es de 1.247 euros para los hombres, y de 797 euros en el caso de las mujeres. Los autónomos lo tienen todavía peor, ya que su pensión media es de 718 euros.
Las provincias con pensiones de jubilación más altas son Bizkaia 1.361 €r/mes, Álava 1.346 euros y Asturias 1.309 euros, y de entre las 10 provincias con las pensiones más bajas hay 4 andaluzas, Almería 868 euros, Jaén 877 euros, Córdoba 880 euros y Granada 900 euros.
A nivel de comunidad autónoma, Andalucía es la cuarta comunidad con la pensión más baja de España y la segunda con mayor número de pensiones 16,10%.
El sistema público de pensiones tiene que ser reformado en profundidad y dotarlo de unos ingresos suficientes para mantener un nivel de pensiones dignas. Para ello, quizás deban de crearse nuevos impuestos, o mejorar la recaudación de los actuales mediante una mejor lucha contra el fraude fiscal, y fraude a la seguridad social, recuperar el dinero invertido en el rescate bancario, crear puestos de trabajo que a la vez serán cotizantes y mejorar la empleabilidad de los más jóvenes que cada vez tardan más en incorporarse al mercado laboral.
No creemos que el sistema de pensiones colapse y desaparezca pero sí que las pensiones del mañana serán mucho peores que las actuales, por lo que les pedimos a todos los políticos de hoy y del futuro que hagan el esfuerzo de aportar soluciones.
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